Después del cierre de Télam y el INADI, el Gobierno va por el cierre de otros dos organismos públicos: el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, de los que despedirán a 900 empleados según lo que adelantó Adorni.
"Luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores, este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados; se va a transformar en una dirección en a que quedarán 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos", dijo Adorni en conferencia de prensa.
El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena había sido creado por decreto (729/2022) durante la gestión de Alberto Fernández en 2022. Era un ente descentralizado, con autarquía económica y financiera, que estaba a cargo de Miguel Gómez, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, que ocupaba en ese tiempo el cargo de secretario de Agricultura Familiar. La decisión llega después de la denuncia contra Pérsico por "fraude a la administración pública" que llevó a cabo Pettovello a través de Capital Humano.
Al dirigente del Movimiento Evita el Gobierno lo acusa por "desviar fondos millonarios" para ayuda social a organizaciones que él dirigía. En la denuncia del oficialismo dicen que Pérsico se aprovechó de su rol "para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado".
Pérsico, por su parte, respondió a la denuncia: "Son dos cooperativas de mucha historia y han hecho muchas cosas, una de ellas construyó 1000 y pico de viviendas. Ha administrado subsidios muy grandes, funciona bien. Le digo a la ministra que vaya a ver las obras de esa cooperativa, los recursos están ahí".
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