En la industria de la alimentación, a los turrones los llaman los “mata-hambre”. Calorías por poca plata que se venden como pan caliente en tiempos de malaria. Se ven publicidades de los que fabrica Arcor en la publicidad en vía pública con el nombre de “snack saludable”. En las tandas de la radio empezó a inundarse de avisos de los de la marca Nevares.
Es uno de los segmentos del consumo que se está expandiendo. La clave es el precio: $250. Está pensado para que la compra que ocurre en la media mañana o la media tarde para suplir desayuno o merienda o incluso sea un tentempié como almuerzo de pasada se pueda pagar con los billetes que haya en el bolsillo. Dos por $500. Cuatro por $1000.
El crecimiento del mercado de los turrones de maní, que técnicamente son una golosina pero vienen a ocupar el lugar de los “frutos secos de los pobres”, tiene una competencia que amenaza con ponerle límite: el aumento del boleto de colectivos, trenes y subtes en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La carga de la tarjeta SUBE, ahora que el bondi pasó a un mínimo de $371, el de tren a $280 y el de subte llegando a $757 en octubre, se transformó en una aspiradora de los pesos que antes se tenían disponibles para “el gustito” o ahora para el turrón.
Se trata de una muestra concreta de lo que en la consultora NielsenIQ midieron en detalle: los sectores más pobres destinan hasta el 73% de sus ingresos para los bienes esenciales, ya sea alimentación, vivienda y transporte, por lo que lo que suba moverse de la casa al trabajo o la escuela se puede ajustar en pocas otras categorías, y la comida también empieza a ser susceptible de recortes.
De hecho, el mismo trabajo midió que un 22% de las personas encuestadas asegura que ya empezó a dejar de consumir algún tipo de alimento para poder llegar a fin de mes. Picadas, papas fritas, chocolates, en el primer renglón de la comida que se sacrifica. Y ahí es donde el turrón se pone la 10.
Tras la salida de la convertibilidad, la pobreza había llegado al 65% (según la metodología actual) y en el gobierno de Néstor Kirchner bajó hasta niveles del orden del 25%, un indicador que luego empezó a entrar en una meseta durante las gestiones de Cristina Kirchner, cuya falta de resultados en esta materia quedó evidenciada porque el resto de la región siguió mejorando los indicadores sociales al no tener inflación y sobre todo porque directamente el Indec dejó de publicar la estadística.
Después, el gobierno de Mauricio Macri que había llegado con el eslógan de “pobreza cero” y pedía ser medido justamente por los resultados en esta materia, elevó el indicador al 35%. Y más tarde, Alberto Fernández entregó el poder con un 41%, con el diciembre de la devaluación y las primeras medidas de Javier Milei incluidas. Esta semana se supo finalmente que La Libertad Avanza llevó el número de pobreza medida por ingresos hasta el 52,9% en sólo seis meses.
Es cierto que el empobrecimiento más notorio de la población en todo este recorrido se aceleró desde la crisis de 2018. En seis años el dólar pasó de $15 a $1200 con picos de $1500. El ingreso promedio de US$1500 llegó a bajar a un tercio de eso.
Como sea, desde hace seis años todo empezó a parecer carísimo porque los salarios habían quedado baratos como nunca. Tal cuadro de situación era el que ponía una especial presión sobre quien asumiera para tratar de arreglar el desbarajuste económico que había engendrado el Frente de Todos con Sergio Massa en el Ministerio de Economía: ¿cómo diseñar un plan de estabilización con un cuadro social mucho más deteriorado que en crisis anteriores?
Por eso había advertencias de todo tipo para el equipo económico que encabeza Luis Caputo. “Hay que incluir una política de ingresos”, repetía hasta el economista más ortodoxo que veía márgenes empresarios alocados y bolsillos muy golpeados. “El salario es un precio de los que están más atrasados”, se dijo hasta el cansancio. “Guarda que no se puede seguir licuando las jubilaciones”, era otra advertencia hasta el cansancio.
La difusión del dato del Indec sobre la evolución de la pobreza entre enero y junio lo que hizo fue confirmar que el plan directamente nunca contempló el posible daño social como una restricción para las medidas que se iban a tomar, que eran básicamente hacer un ajuste fiscal desigual y armar un esquema financiero con cepo para contener el dólar.
El Gobierno se abraza al contrafáctico de que de lo contrario había una hiperinflación en ciernes y 95% de pobres. No es cuestión de que si seguías igual ibas a eso. La situación de Massa no daba para más, es real. El tema es por qué elegiste tomar medidas de esta manera.
El incremento de la pobreza de 11,2 puntos porcentuales puede parecer mucho, pero mucho más revelador es ver que la pobreza entre los mayores de 65 años trepó aún más: 12,1 puntos porcentuales desde el 17,6% que había dejado Massa (que ya la había subido cinco puntos desde un 12% en junio de 2022) hasta un 29,7% ahora.
La disparada en la pobreza de los jubilados es la consecuencia más gráfica que hay de la decisión de dónde hacer el mayor ajuste para conseguir el superávit de las cuentas públicas que es la bandera del Presidente.
En la primera mitad del año el gasto público se redujo 22 billones de pesos. Unos 6,5 billones lo aportó la retracción de jubilaciones y pensiones. Parte de esa plata es la que no fluyó en mejoras de haberes o del bono compensatorio que se decidió congelar. Ésa es la decisión que llevó la pobreza entre los jubilados, que el propio Milei destacaba en las entrevistas como que era muy baja, hasta casi el 30%.
¿Había que focalizar ahí el esfuerzo para un ordenamiento fiscal que todos convenían que había que hacer mientras los precios volaban como nunca desde la híper de 1991? Desde diciembre de 2018 hasta el arranque de la gestión Milei, las jubilaciones habían subido 1356% contra una inflación promedio de 2516%, indica un cuadro de la consultora EcoGo, algo que claramente no es responsabilidad de esta administración, pero sí era el punto de partida que ponían el marco de condiciones.
Hoy el Gobierno resiste la apertura del cepo ante un temor a otro salto del tipo de cambio que vuelva a hundir los ingresos en dólares de la población y desate otra ola de remarcaciones, pero la contracara de bajar la brecha como sea buscando puentes que mantengan el cuadro actual es el riesgo latente de que un precio ficticio del dólar incube un problema más grande después, como le ha pasado a tantos gobiernos.
El blanqueo está llevando divisas a los bancos. Hay negociaciones avanzadas para un crédito de entidades financieras internacionales. Habrá en algún momento un toma y daca para que lleguen dólares desde el Fondo Monetario Internacional. El sueño es empalmar con alguna de las inversiones mineras ligadas al régimen RIGI y de esa forma aterrizar en la próxima cosecha, si es que el clima y el ánimo de los productores agropecuarios no tienen otros planes.
Se trata de un minuto a minuto cambiario sobre el que se sostiene el liderazgo de Milei, muy dependiente de la pax financiera y la inflación a la baja como sea, porque de lo contrario se puede profundizar el descontento que empiezan a transmitir las encuestas y la calle.
Esta semana será la segunda marcha universitaria en su contra, un desafío multipartidario y transversal en una sociedad que mientras baja en la pirámide social no quiere entregar el sueño del ascenso que viene con un título de licenciado y eso lo ofrece la universidad pública y gratuita.
Habrá que ver cómo se procesa el menaje en la Casa Rosada, donde los cerebros del triángulo de hierro están dedicados a mezclar imágenes noventistas con Susana Giménez en el balcón mientras tratan de recuperar los buenos viejos tiempos de épica con ataques al kirchnerismo si hace falta con fake news, como esta semana sobre los incendios de Córdoba, o con un acto en Parque Lezama. Ahí, donde empezó el recorrido en 2021, ahora hubo bombos, banderas y micros con bastante reminiscencias de casta y política tradicional.
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