En medio del conflicto por el veto de Javier Milei, el Gobierno autorizó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a auditar a las universidades. En ese sentido, el cuerpo de abogados del Estado conducido por Rodolfo Barra emitió un dictamen en el que incluye a las universidades en el sistema de control del sector público.
Al respecto, el cuerpo de abogados del Estado conducido por Rodolfo Barra emitió un dictamen en el que incluye a las universidades en el sistema de control del sector público. Luego de esto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, celebró la resolución.
"De esta manera, el Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación (AGN). Logramos revertir la norma que impulsó Carlos Zannini en 2022 para evitar que el Gobierno Nacional pueda auditar los gastos de las universidades nacionales", señaló.
Cabe destacar que la resolución de Barra da respuesta a un requerimiento de la Secretaría de Educación que había pedido autorizar el contralor a través del organismo del Ejecutivo: "Se solicita a este organismo asesor se expida nuevamente y en forma específica, sobre el alcance de la aplicabilidad a las universidades nacionales del sistema de control interno que impone la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en adelante Ley de Administración Financiera".
El anterior dictamen 323.407 se las consideró excluidas de dicho régimen pero sin opinar acerca de cual sería el mecanismo para controlar internamente el uso de los fondos públicos que reciben. Por su parte, el Ministerio de Capital Humano interpretó que el documento asegura que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional puede ser aplicado a las casas de estudio, dado que el ejercicio de dicho control no afecta ni contradice la autonomía ni la independencia financiera y administrativa que les otorga la Constitución Nacional.
