La Iglesia Católica se pronunció a favor de los pueblos originarios y criticó al Gobierno por dar por finalizada la "emergencia territorial" que les otorgaba la propiedad comunitaria. Piden una urgente resolución del Congreso de la Nación en defensa de los derechos de las comunidades originarias.
A través del Decreto 1083/2024 el Gobierno dio por finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 26.160, y la suspensión dispuesta en el artículo 2° de la mencionada ley, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Pero la Comisión Bicameral debe expedirse sobre dicho decreto dentro de los 10 días hábiles.
En esa espera, la Iglesia Católica, a través de Luis Scozzina, titular de la Comisión Episcopal Pastoral Aborígen calificó la medida de "muy preocupante" y alertó que viola los derechos de estos pueblos.
El decreto "amenaza con agravar aún más distintos conflictos que se desarrollan en todo el país, en franca violación de los derechos de estos pueblos". De esta manera, en el informe sostienen la validez de la Ley 26.160. "Era la única norma sobre políticas públicas en Argentina que tendía al reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas", afirman.
La emergencia territorial a través de la ley antes mencionada, se declaró en 2006 con un plazo de cuatro años, pero se prorrogó hasta noviembre de 2025. Ahora, el Gobierno derogó la prórroga bajo el argumento de que la protección de las tierras indígenas "impide el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición de dichos bienes", según lo explicado en el Boletín Oficial.
Desde la Iglesia, a través del Monseñor Scozzina, piden que el Congreso dicte "en forma urgente una ley que proteja la posesión y propiedad comunitaria que es el espacio vital imprescindible para la subsistencia y desarrollo de los pueblos indígenas".
Solicitan que la Justicia intervenga para frenar la derogación del Gobierno teniendo en cuenta la "vigencia del Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional", que dice que se debe reconocer la preexistencia étnica y cultural de las comunidades originarias y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
Los pueblos originarios del norte del país, protagonizaron intensas jornadas de acampe el año pasado que llevaron a organizar el Tercer Malón de la Paz, el cual se movilizó hasta el Palacio de Tribunales de de la Ciudad de Buenos Aires. Fueron muchos los pueblos originarios que se movilizaron para evitar los desalojos de sus tierras, luego de que Jujuy modificara su Constitución Provincial y revocara la propiedad de las tierras indígenas.
