Liberaron a 114 de los 118 detenidos en la marcha de los jubilados y la jueza cuestionó las irregularidades de la Policía

Tras la brutal represión en la marcha de los jubilados y los hinchas de fútbol frente al Congreso, 114 de los 118 detenidos recuperaron la libertad durante la madrugada de este jueves. La jueza Karina Andrade, a cargo del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió su liberación tras una presentación de la Defensoría Pública y dejó en claro que las detenciones violaron derechos constitucionales básicos.

Las detenciones, bajo la lupa

En su fallo, la magistrada dejó en evidencia irregularidades en los procedimientos policiales y sostuvo que las detenciones atentan contra el derecho a la protesta, la manifestación y la libertad de expresión. Además, desmintió que los detenidos en la marcha de los jubilados portaran armas de fuego o hayan incendiado bienes públicos, como había trascendido en las primeras versiones oficiales.

"Ninguna de las personas detenidas fue imputada por portación de armas de fuego, lesiones o incendio de bienes públicos", aclaró la jueza, contradiciendo el relato de las fuerzas de seguridad.

Además, en su resolución cuestionó la falta de información sobre las detenciones, ya que en la mayoría de los casos no se especificaron ni el lugar ni el motivo exacto del arresto. Según detalló, en muchos expedientes figuraba simplemente "hechos del Congreso de la Nación", sin precisar pruebas concretas contra los manifestantes.

A pesar de la liberación masiva, cuatro personas siguen detenidas después de la movilización de los jubilados. Tres de ellas están acusadas de portar armas tumberas y cuchillos, mientras que el cuarto detenido tiene un pedido de captura activo por una causa en Tucumán. Durante la mañana de este jueves, se estaban enviando los oficios judiciales para definir su situación.

La jueza, en contra a la represión en la marcha de los jubilados

En su fallo, la jueza Karina Andrade reafirmó el derecho constitucional a la protesta, destacando que en democracia, cualquier ciudadano tiene el derecho a expresarse, peticionar ante las autoridades y manifestarse. "Quienes se movilizan en verdad se expresan, y deben poder hacerlo de manera crítica frente al ejercicio del poder de los gobernantes", sostuvo, dejando en claro que la represión no puede ser una respuesta legítima ante la protesta social, en referencia a la marcha de los jubilados e hinchas.

Finalmente, con este fallo se suma un nuevo revés judicial para el Gobierno de Javier Milei, que en las últimas semanas endureció su postura contra las manifestaciones, pero vuelve a chocar con la Justicia, que pone freno a las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta.