Por estas horas, el futuro de la ciudadanía italiana está en el centro del debate parlamentario en Roma y también en la mira de miles de argentinos con ascendencia italiana. En las próximas horas, el Senado de Italia votará un proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Giorgia Meloni que podría convertirse en el mayor retroceso en décadas para quienes acceden a la ciudadanía por iure sanguinis (derecho de sangre).
La medida, conocida como Decreto Tajani —por el actual ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani—, ya se encuentra en etapa decisiva: si el Senado la aprueba entre este miércoles 14 y el jueves 15 de mayo, el texto pasará a Diputados para su votación definitiva antes del 27 de mayo, fecha en la que vence el decreto original. De no tratarse o si fuera rechazado, la normativa perdería vigencia y el acceso a la ciudadanía italiana volvería a regirse por las reglas previas.
Actualmente, la norma limita la transmisión de la ciudadanía italiana a hijos o nietos de italianos nacidos en Italia y que no se hayan naturalizado en otro país. Esta condición deja afuera a miles de descendientes argentinos cuyo vínculo con Italia se remonta a bisabuelos o abuelos que se nacionalizaron argentinos, aunque conservaban lazos culturales o familiares con su país de origen.
Qué cambia con el Decreto Tajani en la ciudadanía italiana
El decreto firmado por el gobierno italiano el pasado 28 de marzo —y publicado en la Gaceta Oficial al día siguiente— introdujo un giro radical en el régimen de acceso a la ciudadanía italiana. Desde entonces, solo pueden solicitarla los hijos o nietos directos de italianos nacidos en Italia, y siempre que ese antepasado no se haya nacionalizado en otro país antes de morir.
La modificación afecta particularmente a la comunidad italoargentina, que históricamente tramitó la ciudadanía sin límite generacional, siempre que se pudiera acreditar el vínculo con un antepasado nacido en Italia. Ahora, los expedientes iniciados a partir del 28 de marzo ya no son aceptados bajo ese criterio.
El texto legislativo fue acompañado por un proyecto de ley idéntico, que ya pasó por comisión en el Senado. Si es aprobado en ambas cámaras antes del 27 de mayo, la reforma se convertirá en ley. De lo contrario, el decreto perderá vigencia y la ciudadanía italiana volverá a otorgarse según la legislación anterior.
Debate político y posibles impugnaciones
Durante el tratamiento parlamentario, legisladores de distintas fuerzas, incluyendo representantes de italianos en América Latina, lograron introducir algunas modificaciones técnicas al proyecto. Sin embargo, el corazón de la reforma —la restricción a descendientes de hasta segunda generación— se mantiene sin cambios.
Franco Tirelli, senador que representa a la comunidad italiana en el exterior, advirtió: “Conseguimos algunos ajustes, pero no los que queríamos. El gobierno tiene mayoría en ambas cámaras, así que si quiere, lo aprueba cuando se le antoje”. Tirelli también alertó sobre lo que considera un "corte arbitrario", ya que muchos nietos de italianos quedarán excluidos si su abuelo se nacionalizó argentino.
En paralelo, juristas italianos especializados en derecho constitucional anticipan que la ley podría ser objeto de impugnaciones. Según su interpretación, la ciudadanía italiana no se otorga, sino que se reconoce a quien la posee desde el nacimiento por sangre. Por eso, cualquier restricción retroactiva podría considerarse inconstitucional y violatoria de derechos adquiridos. No obstante, el proceso para declarar la nulidad legal no es inmediato: requiere que un juez remita el caso a la Corte Constitucional, y su resolución podría tardar meses o años.
Lo que se juega en los próximos días
El reloj corre y el futuro de miles de argentinos con ascendencia italiana se define en estas horas. Si el Senado aprueba el texto y luego Diputados lo refrenda antes del 27 de mayo, la nueva ley entrará en vigencia de forma definitiva y dejará a muchos fuera de carrera. En cambio, si la norma no logra avanzar, el decreto caerá y la ciudadanía italiana podrá seguir tramitándose como hasta ahora.
Más allá del resultado, se anticipan nuevos reclamos judiciales y una creciente presión política por parte de las comunidades italianas en el exterior. En Buenos Aires, como en muchas otras ciudades argentinas, el tema se sigue de cerca con preocupación y con la esperanza de que el derecho a la nacionalidad no se convierta en un privilegio reservado para unos pocos.
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