La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu Histórica) convocó a un paro nacional para este lunes y martes en reclamo de aumentos salariales y la reapertura de las negociaciones paritarias. La medida de fuerza se inscribe en un clima de creciente malestar en el sector universitario, que denuncia una pérdida sostenida del poder adquisitivo desde la asunción del gobierno de Javier Milei.
Según los gremios, los aumentos otorgados por el Ejecutivo desde diciembre de 2023 promediaron entre el 68% y el 86%, según el cargo, mientras que la inflación acumulada en ese mismo período alcanzó el 205%. En ese contexto, los docentes aseguran que ya han perdido el equivalente a cinco salarios y medio. La situación motivó no sólo el paro convocado por Conadu Histórica, sino también una serie de protestas y movilizaciones en las distintas universidades del país.
En la Universidad de Buenos Aires, la Asociación Gremial Docente (AGD UBA) realizará un paro de 48 horas en línea con la medida nacional. Además, todos los gremios docentes y no docentes de la UBA, entre ellos FUBA, APUBA, ADUBA y FEDUBA, marcharán el miércoles 22 de mayo desde Plaza Houssay hasta el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación. La movilización será parte de una semana de protestas con actividades de visibilización y se prepara una nueva marcha federal, cuya fecha aún no fue definida.
“Estamos con una pérdida salarial récord, que se profundiza mes a mes con aumentos dictados unilateralmente por el gobierno y siempre por debajo de la inflación”, advirtió Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA. En el mismo sentido, Ileana Celotto, secretaria adjunta del gremio, remarcó que “la medida no sólo es en defensa de los salarios sino también de la universidad pública, que sin docentes y no docentes no puede funcionar”.
Entre los principales reclamos del sector se encuentran la recuperación del salario, el cumplimiento de los convenios colectivos, el aumento y la ampliación de las becas estudiantiles, el financiamiento del sistema científico y la sanción de una ley de financiamiento universitario. Las organizaciones gremiales sostienen que sin un cambio en la política presupuestaria del gobierno, la crisis universitaria seguirá profundizándose.
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