La ciudadanía italiana dio un giro inesperado tras la aprobación del polémico Decreto Tajani, que ya pasó por el Senado y aguarda su ratificación final en la Cámara de Diputados. En plena movida parlamentaria, millones de descendientes de italianos en el mundo, incluidos miles de argentinos, quedaron en vilo ante los cambios que endurecen de forma drástica los requisitos para acceder a este derecho por sangre.
Desde el pasado 29 de marzo, el trámite de ciudadanía italiana ya no es lo que era. El nuevo decreto ley, impulsado por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, entró en vigor de forma inmediata y pone fin al histórico criterio de reconocimiento automático para los hijos, nietos y hasta bisnietos de italianos nacidos en el extranjero. El Gobierno justifica esta medida en la necesidad de reforzar los vínculos efectivos con Italia y controlar un fenómeno que, según sostienen, puede afectar la seguridad nacional y la del Espacio Schengen.
El portal especializado InfoCivitano detalló que el decreto fija un límite generacional, exige demostrar conexión real con el país y excluye directamente a quienes no hayan iniciado su trámite antes del 27 de marzo. En la práctica, esto significa que muchos argentinos que estaban en proceso de reunir papeles o esperando turnos consulares podrían haber perdido la posibilidad de acceder a la ciudadanía italiana bajo el régimen anterior.
Qué cambia con el decreto Tajani
El llamado “decreto Tajani” establece que ya no basta con tener ascendencia para conseguir la ciudadanía italiana: ahora se necesita cumplir con condiciones más específicas. Entre ellas, tener al menos un padre o abuelo nacido en Italia, y probar un “vínculo efectivo” con el país. Esto puede incluir haber residido allí, manejar el idioma o contar con antecedentes familiares de arraigo comprobado.
Otro punto clave es que haber nacido fuera de Italia y tener otra nacionalidad puede ser motivo suficiente para que se rechace la solicitud, salvo excepciones justificadas. Además, los medios de prueba aceptados en sede judicial también se restringen: ya no se permitirán testimonios ni declaraciones juradas para probar vínculos familiares, lo que complica aún más los casos con documentación incompleta o dudosa.
La ciudadanía italiana, entonces, deja de ser un derecho automático por sangre y se transforma en un proceso con criterios más cerrados, que apunta a reducir la cantidad de solicitantes y a reforzar los lazos culturales y personales con la península.
Qué pasa con quienes ya habían iniciado el trámite de la ciudadanía italiana
Una de las medidas más controvertidas es la cláusula de corte: solo serán considerados bajo el régimen anterior quienes hayan iniciado su trámite antes del 27 de marzo de 2025. Esto dejó afuera a miles de personas que estaban por presentar su carpeta o que todavía no habían conseguido turno en el consulado, en especial en países con alta demanda como la Argentina.
El nuevo esquema también elimina gradualmente la participación de consulados en estos trámites: todo se centralizará en una oficina única en Roma, y los expedientes deberán enviarse por correo postal. ¿La contra? Los plazos pueden estirarse hasta 48 meses, y los cupos serán mucho más limitados.
¿Se puede revertir?
Si bien el decreto ya está en vigencia, su continuidad depende de la ratificación parlamentaria. Tiene 60 días desde su aprobación inicial para ser confirmado o rechazado por el Congreso italiano. La semana pasada recibió el visto bueno del Senado y todo indica que Diputados también lo aprobará, lo que consolidaría el nuevo sistema de forma definitiva.
En este contexto, la ciudadanía italiana se aleja como un derecho amplio y accesible, y se redefine bajo un modelo más riguroso y selectivo. La comunidad de descendientes argentinos, una de las más numerosas del mundo, mira con preocupación este giro, que podría marcar el fin de una era para las nuevas generaciones.
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