El próximo 7 de agosto asumirá Gustavo Petro como presidente de Colombia y ya se vive un nuevo clima de época en ese país. Así lo demuestra el avance de las investigaciones que realiza la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que imputó a 22 miembros del Ejército por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la localidad de Casanare, en el oriente colombiano.
La JEP denunció el asesinato de 303 personas tachadas de “falsos positivos”, es decir, acusados falsamente de ser guerrilleros para ser presentados como “bajas de combate” por agentes del Estado. Las operaciones funcionaban como una alianza entre la brigada XVI del Ejército colombiano, del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y terceros civiles que están siendo investigados.
Las víctimas, entre ellas, mujeres, adultos mayores y personas en condición de discapacidad eran equipadas, una vez muertas, con los llamados “kits de legalización”, que incluían armas, municiones y falsas prendas para hacerlas pasar como supuestos guerrilleros o delincuentes muertos en enfrentamientos con la Fuerza Pública. “Entre los crímenes documentados hay víctimas asesinadas en situación de total indefensión”, denunciaron.
“Los reclutadores las incentivaban a beber alcohol o consumir estupefacientes. También se seleccionaban perfiles específicos como ancianos, personas con deficiencias cognitivas o en búsqueda de oportunidades”, explicó la JEP.
“Bajo estas circunstancias, no medió resistencia de las víctimas que eran llevadas al lugar de su ejecución. La Sala también encontró prácticas de violencia extrema que reflejan situaciones de malos tratos previos a los asesinatos”, agregó el magistrado Óscar Parra.
Bajo estas circunstancias, no medió resistencia de las víctimas que eran llevadas al lugar de su ejecución. La Sala también encontró prácticas de violencia extrema que reflejan situaciones de malos tratos previos a los asesinatos.
Magistrado Óscar Parra
Por estos crímenes fueron imputados el general retirado Henry William Torres Escalante, los coroneles Wilson Camargo Tamayo y Cipriano Peña Chivatá, tres tenientes coronel -Germán Alberto León Durán, Henry Hernán Acosta Pardo y Marcolino Puerto Jiménez- y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales, el exdirector seccional del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar, y dos terceros civiles reclutadores.
Cabe destacar que las organizaciones civiles y de derechos humanos de Colombia denuncian la existencia de más de 6 mil ejecuciones extrajudiciales presentadas como "falsos positivos".
