La abogada Marisa Herrera, experta en derecho reproductivo y de familia, explicó la situación legal que debe resolver la Corte Suprema entre un matrimonio disuelto que desea descartar los embriones que había congelado y la clínica se lo impide.
“El hombre y la mujer quieren, acá no hay problema (…) Pasa que hay clínicas que siguen con el librito antiguo bajo el brazo y no se atreven a descartar sin una ley específica. Pero no hay nada que hacer en la audiencia”, aseguró.
Herrera explicó lo contradictorio que resulta tener aprobada una ley de interrupción voluntaria del embarazo que permita a las mujeres decidir sobre un embarazo hasta la semana 14 (inclusive) y que una clínica le impida a una pareja ejercer esa interrupción sobre un embrión, que es una etapa muy previa. “Después de la ley esto no puede ser materia de debate”, dijo.
Para Herrera, lo verdaderamente polémico sería si solo uno de los dos donantes quisiera descartar y el otro no. “El código civil y comercial, dice que en cada transferencia hay que actualizar el consentimiento”, aclaró, pero aún hay muchos vacíos que la actual legislación no prevé y deben ser actualizados en una ley específica.
El código civil y comercial, dice que en cada transferencia hay que actualizar el consentimiento
“El Congreso tiene que sacar una ley sobre la protección de embriones porque no son personas, pero tampoco son cosas”, aseguró.
La abogada explicó que hay cuatro destinos posibles que se le puede dar a los más de 20 mil embriones congelados que no serían reclamados:
a) usarse para otro tratamiento de criopreservación de los propia titulares
b) donación para terceros
c) donación para investigación
d) el descarte.
“Ninguno de estos escenarios está debidamente regulado”, dijo Herrera.
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