La Justicia Federal frenó los intentos por privatizar el Banco Nación aduciendo que la legislación vigente no permite avanzar en una medida semejante sin pasar por el Congreso. Así lo resolvió el Juzgado Federal N°2 a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla, en respuesta a una acción promovida por los trabajadores de la entidad financiera.
"El DNU 70/23 y la resolución 348 del Directorio del BNA no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria", sostuvo Ramos Padilla. De este modo, el magistrado estableció que, si se quisiera avanzar en el paso a manos privadas del Banco Nación, sería necesario que el oficialismo envíe un proyecto de ley al Congreso.
En esa misma línea, recordó que la entidad fue creada por el Congreso Nacional y que, de este modo, el camino legislativo es el único que permitiría modificar legítimamente la Carta Orgánica del banco para transformarlo de un ente autárquico a una sociedad anónima. En otras palabras, no es una decisión que le corresponda al Poder Ejecutivo.
Además, el juez se basó en el hecho de que, durante el tratamiento de la Ley Bases, los legisladores acordaron quitar al BNA de la lista de empresas a privatizar: “Se evidencia entonces la voluntad del Congreso Nacional y de ambas Cámaras, al sancionar la ley, de excluir al Banco de la Nación Argentina como entidad sujeta a privatización, producto de un debate generado en el ámbito político adecuado con intervención de múltiples actores y que excede la revisión judicial”.
Ya en febrero, los trabajadores bancarios habían denunciado que “el Sr. Federico Sturzenegger instruyó al Directorio del Banco Nación a convertir dicho banco en una Sociedad Anónima”, tomando como respaldo el DNU 70/23. Desde entonces, venían juntando firmas para impedirlo.
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