La Justicia dejó en suspenso el decreto que hacía al transporte aéreo como servicio esencial, luego de una presentación realizada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). La resolución estuvo a cargo del Juzgado del Trabajo N° 42, a cargo de Ricardo Hierrezuelo y decidió suspender los Decretos 825/24 y 831/24 con el que el gobierno declaró “esencial” el servicio de transporte aéreo.
Esta decisión fue considerada por los trabajadores del transporte aéreo como una limitación al ejercicio del derecho de huelga de los pilotos, según publicaron esta mañana en la red social X (antes Twitter). De acuerdo al gremio la resolución señala que se encuentra "debidamente acreditado el planteo efectuado por APLA, conforme las normas constitucionales, legales y reglamentarias" y que el derecho a huelga "se encuentra expresamente reconocido en nuestro país a partir de la incorporación del art. 14bis de la C.N. en el año 1957, así como también en el art. 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en Convenio 87 de la OIT que tiene jerarquía constitucional".
El posteo además explica que se "conserva vigencia el art. 24 original de la ley 25.877, y el decreto reglamentario 272/06, no encontrándose la actividad aeronáutica civil aerocomercial entre los servicios esenciales enumerados". Por otro lado los pilotos afirman que "como evidencia la permanente conducta de APLA, siempre en el marco del Estado de Derecho, contestaremos a cada ilegalidad con mayor convicción sobre las razones de nuestros reclamos".
"El gobierno, con cada medida con que se involucra en el conflicto, pone en evidencia, repetidamente, situarse como parte del mismo y, con ello, confundir su función de poder público con la de empleador o, peor aún, con la de intereses distintos a los del Estado Nacional y el patrimonio público, violando escandalosamente las normas vigentes y determinando responsabilidad por ello", dijeron los trabajadores del transporte aéreo.
En el mismo tire y afloje con los trabajadores del transporte aéreo, el fiscal federal porteño Franco Picardi determinó que debe darse por cerrada la denuncia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, contra el sindicalista aeronáutico Pablo Biró por supuestas extorsiones y amenazas cuando dijo en los medios que la situación con Aerolíneas Argentinas iba a ponerse “mucho peor”.
La decisión final sobre la denuncia de la ministra la tiene el juez federal Ariel Lijo, pero Picardi no impulsó la denuncia ya que advirtió que la actitud del piloto "lejos de exhibir un accionar ilícito, refleja la potencial utilización de herramientas legales por parte del representante del sindicato" ya que en las declaraciones anunció su intención de recurrir a la Justicia.
De acuerdo a la interpretación del fiscal, las declaraciones del piloto se pueden enmarcar en el ejercicio del derecho de libertad de expresión y recordó que se trata de un reclamo por sus derechos laborales y sindicales y que forman parte del corpus del derecho internacional de los derechos humanos.
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