La UBA le solicitó a la Justicia que impida a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) comenzar una auditoría externa de sus gastos. Además, desde la universidad reivindican ese rol para la Auditoría General de la Nación (AGN) que depende del Congreso y pide una acción declarativa de certeza.
Una vez que se enteraron del movimiento de las universidades, el titular de la SIGEN, Miguel Blanco, ordenó a su equipo preparar una contra cautelar para que se les permita iniciar los controles abriendo una batalla judicial larga y de final incierto.
En el pedido de la UBA, firmado por Ricardo Gelpi en su carácter de rector, se da inicio a una batalla judicial contra la SIGEN por la auditoría. A su vez, Sergio Pascale recusó a la jueza de ese fuero, Rita Ailan, y ahora se espera que se sortee a otro juez.
Sin embargo, llama la atención que la Universidad de Buenos Aires denuncia también la reglamentación de la ley de Administración Financiera que hizo Néstor Kirchner en el 2007. Esta autoriza a la Sindicatura General de la Nación a auditar a las universidades públicas.
Cuál es el pedido de la UBA en la Justicia
Según trascendió, la UBA solicita al juez el que le caiga la causa por sorteo que "decrete una medida cautelar a fin de que el PEN y la SIGEN se abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno, particularmente considerando que decidió unilateralmente la realización de una auditoría a partir del próximo 28 de octubre, careciendo de competencia para ello".
También pidió que se ajuste la conducta al respeto irrestricto de la normativa aplicable en esta Universidad (Resoluciones (CS) Nº 8237/13 y 1920/18) y también a la interpretación pacífica de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuración del Tesoro de la Nación hasta el dictamen que luce en IF-2024-112489009- APN-PTN y de la reflejada en los actos de la propia SIGEN al menos desde el año 2013.
"Todo ello hasta tanto se dicte sentencia de fondo pasada en autoridad de cosa juzgada. Oportunamente, se haga lugar a la demanda promovida, en todas sus partes, en los términos y alcances precisados, y se declare la inconstitucionalidad del art. 8 del Decreto 64 Reglamentario 1344/07 y la incompetencia de la SIGEN para realizar el control interno, en el marco de la ley 24.156, de esta Universidad, con expresa imposición de costas", indica el escrito de la Universidad de Buenos Aires.
Finalmente, este concluye: "Sostenemos la incompetencia de la SIGEN para ejercer el control interno de esta Universidad por resultar contradictorios e incompatibles con las normas, principios y garantías de la Constitucional Nacional".
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