El gobierno de Nicolás Maduro publicó este jueves imágenes y videos de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que está detenido en Venezuela, como prueba de vida.
Estas imágenes llegan luego de que el gobierno de Javier Milei presentara una denuncia ante la Corte Penal Internacional y tras los insistentes pedidos de la esposa de Gallo y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
También se da en paralelo con la confirmación del encuentro en Casa Rosada entre Milei y Edmundo González Urrutia, el excandidato opositor en las elecciones venezolanas del año pasado, que es reconocido por la Unión Europea y Estados Unidos como el auténtico vencedor de los comicios luego de que Maduro no difundiera las actas electorales con los resultados mesa por mesa.
El dirigente opositor visitará al mandatario argentino en el marco de una gira internacional, donde se presentará en varios países, previo a la asunción de Maduro que está prevista para el 10 de enero.
El gobierno de Maduro ya había confirmado sobre la detención de Gallo en tierras venezolanas, a través de una declaración de Diosdado Cabello, ministerio del Interior y segundo del Gobierno, y luego por un comunicado de la Fiscalía General a cargo de Tarek William Saab. Ambos acusaron a gendarme de participar de una presunta conspiración internacional elaborada por la ultraderecha.
Sin embargo, la propia esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, declaró a Radio Con Vos que "en 25 días que llevan secuestrado a Nahuel no han mostrado ningún tipo de pruebas para lo que lo acusan". "Nahuel simplemente tenía muchísimas ganas de conocer Venezuela porque es la Venezuela que yo le mostraba por videos, por videollamadas, su hijo en la playa… Nosotros nunca hemos sido de querer esto", aclaró la mujer.
Por su parte, la Cancillería Argentina en su presentación ante la Corte Penal Internacional calificó el secuestro del gendarme como una "violación grave y flagrante de los derechos humano" y lo encasilló dentro de un supuesto "patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad, que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI"
