En medio de la preocupación generalizada por los incendios que devoran la Patagonia y otros puntos del país, como la provincia de Corrientes, distintos funcionarios del Gobierno salieron a comunicar que agravarán las penas contra quienes inicien fuegos. El anuncio se produjo en el marco de crecientes acusaciones contra supuestos grupos de “terroristas pseudomapuches”, en palabras de Patricia Bullrich.
“Incluiremos en Sesiones Extraordinarias un proyecto para agravar la pena de quienes provoquen incendios intencionalmente, eliminando la posibilidad de excarcelación”, escribió Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia. Y remató: “Terroristas disfrazados de mapuches prendieron fuego nuestra Patagonia para extorsionar al Gobierno y reclamar privilegios. Van a pagar tras las rejas”.
Según trascendió en las últimas horas, el proyecto elevaría las penas, daría al incendio carácter de delito excarcelable y crearía agravantes para cuando se dañen bosques, plantaciones o ecosistemas. Mientras que, actualmente, las penas van de 3 a 10 años de prisión y llegan hasta los 20 cuando se genera peligro de muerte o el fuego mata a alguien, el proyecto elevaría las condenas a entre 4 y 12 años en el primer caso y hasta 25 en el segundo.
En simultáneo, varios funcionarios de este Gobierno salieron a señalar públicamente a los pueblos originarios de la Patagonia en las últimas horas, mientras los usuarios de redes sociales comparten imágenes devastadoras y los lugareños denuncian falta de insumos y de iniciativa estatal para combatir los incendios.
El presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, apuntó contra los mapuches llamándolos “golpistas del fuego” y acusándolos de estar “en contra del progreso de la Argentina”. En los mensajes de los funcionarios, la palabra mapuche vino, por lo general, acompañada del término terrorismo.
“Creo que la Justicia, los fiscales, tienen que imputar a todos y cada uno de los autores. Y no sólo por la figura de estrago, de incendio, sino también por la figura de terrorismo, incrementando exponencialmente las penas, porque estos hechos de terrorismo se tienen que terminar”, escribió el ministro de Defensa, Luis Petri.
Quien también se subió a anunciar el proyecto para agravar las penas por provocar incendios fue Patricia Bullrich, agregando que, “además, incorporamos un agravante por intimidación al gobierno, para que los grupos terroristas pseudomapuches que usan el fuego como amenaza paguen con años de prisión”.
Lo cierto es que, por el momento, ningún proceso investigativo probó la responsabilidad de algún miembro de la comunidad mapuche por el fuego en la Patagonia. Mientras tanto, incendios de semejante gravedad avanzan en Corrientes, donde una docente murió intentando salvar la casa de su padre, a la vez que algunos usuarios reportaron fuego en Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa.
En ese contexto, El Bolsón fue escenario de graves situaciones de violencia el jueves pasado, cuando las autoridades locales detuvieron a tres personas por, supuestamente, haber iniciado los incendios. Varios vecinos se reunieron en el lugar, muchos de los cuales señalaban la inocencia de los detenidos, que incluso serían brigadistas voluntarios, a la vez que denunciaban a los grandes terratenientes de la zona como los verdaderos responsables. En un momento dado, una patota a caballo y con rebenques llegó a reprimir el reclamo.
