Con la reforma del Ministerio de Economía que el Gobierno oficializó esta semana y la consiguiente eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, la administración de Javier Milei puso fin a una política pública destinada a garantizar el derecho a la vivienda. La medida resulta en cientos de miles de obras paralizadas, miles de familias que no recibirán su casa, otros tantos empleos perdidos o en peligro y altas sumas de dinero invertidas.
Desde los gremios, advirtieron que el cierre de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda implicará que 500 trabajadores del Ministerio perderán su empleo, con lo cual planean presentar una cautelar ante la Justicia. Pero, además, los sindicatos calcularon que, por fuera de los empleados estatales, la desactivación de los programas para la construcción de hogares y otras mejoras urbanas barrerá con unos 170 mil empleos directos en la construcción y otros 400 mil indirectos.
Mientras tanto, en 2024 sólo se ejecutaron $180.000 millones de un presupuesto total de $430.000 millones. “La decisión del Gobierno trae aparejada la paralización de 124 mil viviendas en ejecución, muchas al 80%, 90% o 100% de su construcción, sumado al déficit habitacional que hay, se llevan puestas 124 mil viviendas que le costaron al Estado 3 mil millones de dólares”, ilustró la delegada general de ATE Infraestructura, Hábitat y Vivienda, Alejandra Basso.
“Tienen que tomar una decisión con esa plata invertida por el Estado Nacional, que son casi 3 mil millones de dólares. No dijeron cómo la van a terminar o cómo la van a vender a los privados”, señaló, por su parte, el exsecretario de Vivienda de Nación Santiago Maggiotti en declaraciones a AM 750.
En tanto, es probable que la decisión del Gobierno provoque juicios contra el Estado Nacional por incumplimiento de contratos con las empresas o cooperativas que se encontraban trabajando en la construcción de las casas. Desde ATE Capital comunicaron que el Estado debe un año de trabajo a 10.000 cooperativistas e incumplió 1863 convenios con municipalidades, cooperativas y constructoras.
Conforme indicó Página 12, en este momento hay 103.367 obras paralizadas en todo el país, mayormente en la región pampeana y el Noroeste. “Lo que están haciendo es arrasar con otra de las políticas sociales que está destinada, básicamente, a los sectores populares. Por más que se haga una política donde los bancos financien vivienda, este sector va a quedar afuera porque no tiene ingresos en blanco y, si los tienen, son muy bajos. No van a tener acceso a la banca privada”, declaró al mencionado medio Fabiola, una trabajadora social de la Secretaría.
Además del Procrear, la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda afectará a otros programas como el Plan Nacional de Suelo Urbano, el Programa de Autoconstrucción Cáritas, Vivienda Única Familiar, Construir Futuro y Casa Propia. El Gobierno también avanza hacia la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a garantizar servicios básicos en barrios populares.
