El Gobierno nacional oficializó la aprobación de un contrato de préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por un monto de 300 millones de dólares, que será destinado al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en los sectores sociales más vulnerables, a través del Programa Alimentar.
La medida fue formalizada a través del Decreto 421/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y se enmarca dentro del denominado “Programa de Apoyo a la Prestación Alimentar”, que busca ampliar el alcance y la cobertura del beneficio otorgado mediante la Tarjeta Alimentar y otros instrumentos de ayuda directa.
La ejecución del programa contempla dos componentes principales: uno de apoyo presupuestario directo al esquema de la Prestación Alimentar y otro destinado a cubrir gastos complementarios asociados a la implementación de esta política pública.
Una de las modificaciones clave que permitirá este nuevo financiamiento es la ampliación del rango etario de los beneficiarios. A partir de la entrada en vigencia del préstamo, se extenderá el límite de edad de los niños y adolescentes alcanzados por la asistencia, que pasará de los 14 a los 17 años. De esta manera, se busca cubrir un universo más amplio de hogares con necesidades básicas insatisfechas.
Este nuevo acuerdo se alinea con los compromisos asumidos por la Argentina en el marco del programa firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El entendimiento establece que las transferencias monetarias vinculadas a la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben cubrir al menos el 95% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
Desde el Ministerio de Economía señalaron que en marzo pasado, la cobertura de estos beneficios ya alcanzaba el 95,1% del valor de la CBA, que en ese momento se ubicaba en $160.393 mensuales para un hogar tipo. El nuevo préstamo de CAF permitirá sostener y expandir esa proporción, aun frente a eventuales presiones inflacionarias o ajustes de precios en productos de primera necesidad.
Este instrumento de asistencia social beneficia actualmente a más de 4 millones de personas en todo el país. Entre los grupos alcanzados se encuentran madres y padres con hijos menores de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y madres con siete hijos o más que perciben pensiones no contributivas. El refuerzo en los montos y la ampliación del rango etario buscan reforzar el tejido de contención social en un contexto de alta vulnerabilidad.
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