La Ley Ómnibus que envió Javier Milei al Congreso tiene un capítulo completo energía, con reformas a la ley de hidrocarburos, al marco regulatorio del gas natural y la energía eléctrica. El texto prevé medidas como la privatización de YPF, la unificación de los entes reguladores, la liberación de los precios de las tarifas, la derogación del concepto que declara “objetivo prioritario” el autoabastecimiento energético y la continuidad en las retenciones que paga el sector.
El proyecto también plantea una nueva normativa para los biocombustibles y en la legislación ambiental que incluye un mercado de derechos de emisión de Gases Efectos Invernadero (GEI).
El espíritu de la ley en este sentido es el mismo que para toda la economía: se busca una liberalización en los precios y en los controles que mantenía el Estado.
Para ello, se modificó el artículo tres de la Ley de Hidrocarburos que preveía como objetivo principal “satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos manteniendo reservas que aseguren esa finalidad”. Ahora los objetivos principales serán: “Maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades del país”. Esto significa, entre otras cosas, que no podría volver a ponerse tope a los precios de las naftas.
Además, se sientan las bases para la privatización de YPF y cede recursos estratégicos a la participación privada. “Las provincias y el Estado nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica”, sostiene.
Las provincias y el Estado nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal
En cuanto a las tarifas, habrá un nuevo marco regulatorio para el gas natural y la electricidad. En ambos casos lo que se busca es liberalizar los precios, acelerar inversiones y el desarrollo de infraestructura privada. En enero, de todos modos, comenzarán las audiencias públicas para comenzar con los aumentos en ambos servicios. Además, el proyecto contempla la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad que asumirá las funciones que ahora llevan por separado el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
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