En un cuadro tristemente habitual, Córdoba se vio asolada por una serie de intensos incendios forestales desde principios de septiembre. Habitual, sin embargo, no equivale a natural. El fuego, que junto a otras formas de desmonte dejó a la provincia con sólo un 3% del bosque nativo que tenía a principios del siglo XX, responde a causas humanas e incluso intencionales. Así lo denuncian brigadistas y periodistas cordobeses, quienes apuntan a factores que van desde la irresponsabilidad y el descuido estatal hasta los intereses inmobiliarios y agropecuarios.
“Uf, es un montón”, responde Vilú Lucy Posada, una brigadista comunitaria cordobesa consultada sobre la magnitud de los incendios forestales que siguen ardiendo en la provincia. Y empieza: “Sólo en los primeros seis meses, IDECOR (Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba) informó 117 incendios”. Para el segundo semestre de este año, todavía no hay datos oficiales, pero su equipo contó “al menos 17 de magnitud considerable”.
Según fuentes oficiales, son más de 23 mil las hectáreas quemadas en lo que va del año. En los últimos meses, se concentraron en sitios como Travesía, Totoral, La Calera, El Durazno, Cosquín, Falda del Cañete, Deán Funes, Ambul y Bosque Alegre, “donde está el principal observatorio astronómico de la provincia”, entre otras. Algo que a nivel nacional es noticia cada tanto pero que ocurre todo el tiempo, todo el año, y que amenaza con intensificarse todavía más este verano.
“La situación se agrava a partir de los meses de agosto, septiembre y octubre, donde se desatan los grandes focos de incendios. Estamos hablando de focos de kilómetros de magnitud”, confirma Daniel Díaz Romero, periodista especializado en asuntos ambientales. Los más importantes en el último mes, precisa, fueron el de El Durazno y el de La Calera, que presenta la particularidad de ser un área protegida en terreno militar y haber sufrido ya cinco focos de incendio en el corto lapso de un mes, algo que Romero evalúa como mínimamente “llamativo”.
¿Quién está detrás de los incendios forestales?
Investigadores y funcionarios repitieron, en varias ocasiones, que el 95% de los incendios forestales que comienzan en Córdoba son provocados a propósito. La estimación empezó a circular con especial fuerza durante los incendios de 2020, período lúgubre para los bosques nativos de Córdoba: sólo ese año, “se quemaron más de 340 mil hectáreas: en 10 años vamos 600 mil y en uno solo se quemó más de la mitad”, destaca Posada.
A la intencionalidad se suman otras formas de responsabilidad humana, como los “descuidos” o “negligencias”. Ahora mismo, en La Calera, la Fiscalía está investigando al Ejército Argentino, ya que allí se desarrollaban ejercicios militares que, se presume, fueron los que desencadenaron estos incendios grandes, los cuales resultaron en “un barrio entero evacuado”, explica Díaz.
En general, la mayoría de los fuegos son causados por agentes antrópicos.
Además, asegura que "muchos de los incendios intencionales vienen de la mano de los intereses de las corporaciones inmobiliarias y de los grandes empresarios ganaderos que van corriendo la frontera agropecuaria sobre las regiones donde queda el poco bosque nativo que sobrevive en la provincia”.
Un primer caso ilustrativo aparece en los registros de 2021 del Ministerio Público Fiscal cordobés. Dos hombres fueron acusados de iniciar un grave incendio en el departamento de Ischilín: Raúl Norberto Castro, señalado como quien encendió el fuego, y Pablo Castro, identificado como quien dio la orden a Raúl "a cambio de promesa de pago".
En el expediente, Pablo Castro es descrito como un productor ganadero temido y violento, en una zona "donde históricamente ciertas personas han intentado tener supremacía sobre otras”. En la propia demanda consta, también, que “para facilitar el apoderamiento ilegítimo de ganado, una estrategia es incendiar campos para que queden sin colindancias y así se hace más fácil apoderarse del ganado o adquirir esas tierras que quedan desvalorizadas”. Sin embargo, y aunque Raúl Norberto recibió una condena de cinco años de cárcel, Pablo Castro fue absuelto.
Un segundo botón de muestra lo ofrece un estudio realizado en el marco del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que registró un fuerte aumento de incendios forestales mientras se tramitaba la aplicación de la Ley de Bosques. Cuando la norma fue decretada a nivel nacional, las provincias tuvieron un año para diseñar un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que sirve para establecer si el desmonte está permitido o no en un territorio dado. En la previa de ese proceso, que terminó durando dos años, crecieron llamativamente los incendios con causas intencionales.
El objetivo de los responsables, según determinó la investigadora Patricia Egolf, era evitar que los territorios rentables para la actividad agropecuaria quedaran protegidos por el OTBN y siguieran siendo utilizables para la ganadería y los cultivos intensivos. Si el bosque había ardido para cuando se hiciera el Ordenamiento, ya no habría bosque que proteger ni explotación económica que prohibir en esas tierras.
Negligencia y abandono en la República Unida de la Soja
Hace más de 20 años, la multinacional dedicada a la producción de agroquímicos Syngenta promocionaba su actividad en Sudamérica bautizando una porción del territorio como “República Unida de la Soja”. El anuncio salía en los diarios de mayor tirada y se ilustraba con un mapa que abarcaba territorio de Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina, en un momento en que la región se encaminaba a consagrarse como el área de mayor siembra de transgénicos y aplicación de agrotóxicos a nivel global, según datos que reportaba el grupo GRAIN en 2013.
Diez años después, la agencia Télam informaba que nuestro país tiene la tasa de aplicación de agrotóxicos per cápita más alta del mundo: por cada argentino, se rocían 12 litros al año encima de los cultivos que exportamos y comemos a diario, y que requieren del terreno que ocupan los bosques nativos para seguir expandiéndose. Hoy, mientras Córdoba arde, también lo hacen, precisamente, Bolivia, Brasil y Paraguay.
“Existe un hilo conductor entre los incendios que están azotando nuestro continente. Tiene que ver, primero, con la crisis climática que va afectando los ecosistemas y va haciendo que la vegetación, que sufre prolongadas sequías, se transforme en un combustible que propicia la expansión de los incendios”, desarrolla Daniel Díaz Romero.
Segundo y “más importante”, se ubican “los actores económicos que especulan con esto, las grandes corporaciones inmobiliarias, los grandes empresarios del agro, la ganadería y también por supuesto los gobiernos cómplices y los sistemas judiciales que miran para otro lado”.
En esa línea, Posada lamenta que el Estado cordobés no esté dando señales de realizar ningún "estudio exhaustivo" para dar con los responsables de los incendios, y añade que, cuanto mucho, se apresan "perejiles". Mientras tanto, el fuego sigue consumiendo especies de importancia vital para el ecosistema que, según las estimaciones científicas, tardarían no menos de 30 años en recuperarse.
Imagen: Gobierno de Córdoba.
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