El juez federal Ariel Lijo ordenó capturar, con fines de extradición, al presidente de Nicaragua Daniel Ortega. La orden no pesa sólo sobre el mandatario sino, también, sobre su vicepresidenta, Rosario María Zambrana Murillo, y otros 16 imputados vinculados con su gestión, en el marco de una causa por violaciones a los derechos humanos.
La denuncia contra Daniel Ortega fue formulada por el abogado Darío Richarte ante la Justicia argentina en 2022, aduciendo la comisión de graves delitos de lesa humanidad de parte del Gobierno nicaragüense. Pudo hacerlo en nuestro país gracias al principio de jurisdicción universal, el cual permite juzgar crímenes de lesa humanidad en cualquier territorio independientemente de dónde se hayan cometido.
En ese contexto, Lijo decidió emitir una orden de captura internacional con fines de extradición, para que Daniel Ortega sea trasladado a nuestro país. La resolución, de 76 carillas, requiere que el presidente nicaragüense y los otros acusados acudan a nuestro territorio para ser indagados por las "graves violaciones contra los derechos humanos que se le atribuyen" a su gestión.
En dichas violaciones a los DDHH habrían participado “altas autoridades de la República de Nicaragua”, en el marco de un “plan estratégico de represión” que “involucró a todos los estamentos del poder político y judicial del Estado”. Sin embargo, según citó la agencia NA, Lijo lamentó que "las solicitudes de cooperación internacional libradas por este tribunal no fueron respondidas".
Ahondando en detalles sobre los motivos de la causa contra Daniel Ortega, Lijo subrayó que a su gobierno se le atribuye le hecho de "haber llevado a cabo un plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil de la República de Nicaragua, cuyo objeto era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes". Tal situación se habría desatado durante una serie de manifestaciones sociales acontecidas entre abril y junio de 2018.
Para ejecutar dicho plan, asegura el juez, las autoridades de Nicaragua "se valieron de la estructura del aparato estatal, amparándose en los roles institucionales que tenía cada uno de los intervinientes" y "se realizaron encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, actos de tortura, desaparición forzada de personas, traslado forzado de la población, deportaciones, censura mediática, privación de atención médica, supresión de matrículas profesionales habilitantes, persecución por motivos políticos y religiosos, cancelación de la personería jurídica y quita de la nacionalidad".
La denuncia de Richarte contra Daniel Ortega surgió de una investigación que él mismo inició con sus alumnos de la cátedra de Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos de la UBA. “¡Un poco de luz entre tanta oscuridad!, ¡Un poco de justicia para tantas víctimas”, celebró en sus redes sociales el abogado, tras la resolución de Lijo.
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