El Gobierno siguió rápidamente los pasos de Donald Trump en su agenda anti inmigrantes y comenzó a elaborar un proyecto de reforma a la Ley de Migraciones (25.871) con el objetivo de implementar mayores controles y restricciones en el acceso a la residencia para extranjeros.
Se prevé que esta iniciativa sea presentada al Congreso durante las sesiones ordinarias. Además, la iniciativa contiene el arancelamiento sanitario, universitario a no residentes, restricciones en residencias para estudiantes extranjeros y arancelamiento de servicios públicos.
La propuesta, además, busca restringir el acceso a la residencia de inmigrantes en situación irregular que tienen hijos nacidos en el país. Actualmente, el trámite para obtener la residencia requiere documentos como el pasaporte o cédula de identidad, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino.
El proyecto también contempla la implementación de aranceles para el uso de servicios sanitarios y universitarios por parte de extranjeros no residentes. Esta medida fue anunciada en diciembre por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y está siendo desarrollada por el equipo de la Dirección Nacional de Migraciones, liderado por Sebastián Seoane, bajo la supervisión del vicejefe de gabinete del Ministerio del Interior, Lisandro Catalán. Actualmente no hay extranjeros no residentes en las universidades nacionales.
En paralelo a este proyecto, el Gobierno reforzará los controles fronterizos, particularmente en la región norte del país. Estas reformas son parte de una política migratoria más restrictiva que busca prevenir la llegada de individuos considerados por el Gobierno como "una amenaza para la seguridad nacional".
El proyecto incluye la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas de vigilancia y control, tanto en las fronteras como en el interior del territorio nacional. En este sentido, el Gobierno impulsa decretos que habilitarían su intervención en operativos contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico internacionales que intenten operar en el país.
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