La situación de la jueza Julieta Makintach, a cargo del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, se complica cada vez más. Un video registrado por cámaras de seguridad y una serie de allanamientos ordenados por la fiscalía podrían ser determinantes para resolver su posible apartamiento del caso.
La magistrada fue acusada de haber permitido la grabación de audiencias judiciales con fines documentales, lo cual está expresamente prohibido.
Las imágenes clave corresponden al domingo 9 de marzo, dos días antes del inicio del debate oral. En ellas se puede ver a Makintach ingresando a los Tribunales de San Isidro por un acceso lateral, acompañada por al menos cinco personas y un equipo técnico que portaba cámaras, trípodes y otros elementos propios de una producción audiovisual. Según fuentes judiciales, el grupo habría estado relevando espacios para registrar imágenes vinculadas al juicio.
Esta grabación fue incorporada como prueba en la investigación que se inició tras la denuncia por la presunta autorización de filmaciones ilegales. A partir de esta evidencia, agentes de la DDI San Martín llevaron adelante seis allanamientos en domicilios vinculados a las productoras Feel Co y La Doble SA, así como en viviendas de profesionales independientes. En los operativos se secuestraron computadoras, discos rígidos, celulares, tarjetas de memoria y equipos de grabación que ahora serán peritados por la Justicia.
La hipótesis que sigue la fiscalía es que una señal internacional habría contratado a una productora argentina para obtener imágenes exclusivas del juicio de Maradona, algo que contraviene las normas procesales argentinas.
A esta situación se sumó el testimonio de la policía Mirtha Barrionuevo, que se desempeña como personal de custodia del tribunal. En su declaración, relató que días antes del inicio del juicio por la muerte de Maradona observó a una persona con una cámara dentro del edificio y que, al intentar frenar la grabación, recibió la confirmación de que el equipo "venía de parte de la jueza". Según su testimonio, un agente de seguridad incluso le mostró un mensaje que habría sido enviado por la propia Makintach: “Decile a la gente del TOC 3 que deje a mi gente”, decía el texto en un celular.
Desde las primeras audiencias, se rumorea en pasillos judiciales que una productora estaría documentando el proceso. Algunos mencionan a la BBC, otros a la productora Pegsa. Esta situación motivó que el abogado Julio Rivas (defensor del médico Leopoldo Luque, uno de los imputados) solicitara formalmente que se identifique a quienes están detrás de la supuesta producción. En una audiencia reciente, incluso señaló a un hombre y una mujer presentes en la sala, quienes negaron cualquier vínculo con el documental y presentaron sus documentos para identificarse.
Tras el pedido de recusación presentado por una de las defensas, la jueza Makintach se defendió en audiencia pública: “Estoy convencida de que soy imparcial. Se necesitan pruebas y razones para fundar una recusación”, expresó. Sin embargo, no descartó dar un paso al costado: “Quizás sea yo la que me aparte”.
La decisión sobre su continuidad al frente del juicio podría definirse en los próximos días, en un proceso que ya está atravesado por tensiones políticas, mediáticas y ahora también, judiciales.
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