Las prepagas llegaron a un acuerdo con el Gobierno después de las negociaciones, que se extendieron hasta casi las 2 de la madrugada y duró 15 horas y devolverán los montos que le cobraron de más a los usuarios.
Entre la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), la secretaría de Comercio y 40 empresas de medicina prepaga se acordó que las empresas devolverán a los usuarios en 12 cuotas con interés lo que les cobraron por encima de la inflación desde que el DNU 70/2023 desreguló el mercado.
En principio, en la audiencia convocada por el juez Juan Rafael Stinco, se planteó que el ajuste de las cuotas se produzca a partir de octubre. Ahora, terminadas las negociaciones, se acordó que este ajuste se hará a partir de julio, por lo que las prepagas podrán fijar el precio de las cuotas libremente desde este mes.
La disputa entre el Gobierno y las empresas parecía no ceder, porque las 40 representantes del mercado sostenían que no les correspondía hacer una devolución, ya que el decreto del Gobierno sigue vigente y habrían actuado bajo el amparo de la ley. Según la SSS, entre enero y abril hubo las prepagas aplicaron un aumento del 42,22%.
Las empresas también acordaron reincorporar a los usuarios que dieron de baja de manera automática por falta de pago. En la audiencia, en la que participó Luis Caputo, el ministro sostuvo: "No vamos a dar un paso atrás con la acusación, de ninguna manera. Se va a seguir con esa investigación hasta el final". Así, se acordó la actualización por plazo fijo. El pedido de las privadas fue que la devolución sea del 24% en 12 cuotas.
"Demoraron todo. Quisieron empantanar el acuerdo al final, pero no pudieron. Nuestra idea era acordar, no fundir a nadie, como decían las empresas. Para nosotros fue un acuerdo positivo", aseguraron fuentes oficiales en diálogo con Infobae.
En el documento donde consta el acuerdo, entonces, se lee: "Ninguna duda asiste que el sinceramiento de precios y/o la adecuación de precios relativos en una economía fuertemente impactada por desequilibrios estructurales, déficits fiscales y financieros y con una inflación incremental que perfiló el desborde incontenible, repercute principalmente en los sectores sociales de menores recursos produciendo desequilibrios y exclusiones con la realidad económica y en la evolución natural de las políticas generales y en especial de aquellas destinadas a preservar uno de los derechos básicos constitucionales: LA SALUD".
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