El juez Rafael Stinco iba y venía de una sala a la otra. Llevaba y traía mensajes entre las partes. Fueron unas 15 horas sin ni siquiera un cuarto intermedio. La audiencia había arrancado a las 10 de la mañana del lunes y pasada la medianoche todavía se estiraba. Había unos 40 representantes de empresas de medicina privada. Y estaba el equipo de la Superintendencia de Salud.
La discusión era cuánto y cómo las compañías iban a devolver dinero a los afiliados por supuestos aumentos excesivos en lo que va del año. El magistrado no quería tener que tomar una decisión por un sector que se le escapa con todas sus complejidades. Quería que hubiera un acuerdo. Por eso fue y vino. Hasta que lo consiguió.
Se devolvería el equivalente al 50% de una cuota promedio en doce cuotas actualizadas por la tasa mensual que pagan los plazos fijos. Los ejecutivos querían poner un ejemplo numérico en el acta acuerdo. Los representantes del Gobierno se negaron. Salió así. La “súper” lo informó rápidamente.
Fue el último capítulo de una saga que refleja como pocas el funcionamiento del gobierno de Javier Milei, encerrado entre el impulso ideológico de la libertad de mercado y la necesidad política de hacerle lugar a la intervención, todo surcado además por múltiples intereses particulares que buscan hacer un verano.
Tras la liberación total de precios en el rubro con el mega decreto 70/2023, las cuotas que pagan unos 5 millones de afiliados se dispararon hasta 160%. La Casa Rosada consideró que “se pasaron de rosca” y denunció a las principales empresas por “cartelización” ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y fue la Justicia para conseguir que retrotraigan los incrementos por encima de la inflación minorista y además que devuelvan la diferencia. Pero atención: en el acuerdo del lunes, el Gobierno confirmó que los precios vuelven a quedar liberados desde el 1 de julio. What the fuck?
El zig zag oficial con las prepagas abre mil preguntas que se replican en todas las áreas de la administración que va rumbo a los seis meses. ¿Cuánto hay de torpeza e impericia, cuánto de búsqueda de armar un relato según la necesidad y cuánto de dogmatismo ideológico extremo?
Al mismo tiempo, hay una duda transversal: ¿cuántos aprovechan el barullo para hacer negocios en medio de este experimento repleto de zonas grises donde hay funcionarios y asesores con intereses a ambos lados del mostrador?
El universo de la medicina privada en la Argentina, que atiende a algo más del 8% de la población según datos de la Encuesta Permanente de Hogares tiene claramente un alto grado de concentración. Si bien había 41 empresas en la audiencia, un puñado de 6 se lleva largamente más de la mitad del mercado.
Ahora, lo loco es que el foco del ataque del Gobierno haya sido Claudio Belocoppit, referente más visible y con perfil alto en el mundo de los negocios, y no el principal jugador: OSDE.
La líder del mercado, con 2,2 millones de afiliados, ha pasado totalmente inadvertida en este conflicto. ¿Tiene lógica que el cartelizador number one sea el segundo en el ranking, Swiss Medical, con 700 mil afiliados?
Uno podría decir “bueno, en el Gobierno son novatos y no sabían”. El superintendente de Salud es Gabriel Oriolo, que en su LinkedIn cuenta 29 años y 6 meses de experiencia en el grupo OSDE, desde los años en que integraba compañías con otro nombre.
Trabajó en Arauca Bit y Binaria Seguros, en los orígenes del holding, después fue jefe de procesos, más tarde se desempeñó en la agencia de turismo de la firma, Interturis, luego fue gerente de Desarrollo Estratégico, luego estuvo en la gerencia médica y de prestaciones, antes de recalar como gerente de arquitectura y obras y más tarde terminó en la dirección de procesos y sistemas.
¿Por qué entonces no pusieron la lupa en los más grandes del sector si había que mandar una señal? Obviamente, Belocopitt tiene flancos por fuera de su alta visibilidad en los medios o de haber apoyado a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en la campaña y de tener diálogo con Sergio Massa.
Es una máquina de sumar sanatorios: sólo en el último año se compró el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y Las Lomitas. Apuntado por apalancarse en el negocio financiero pagando a los médicos y profesionales 90 días después de cobrar las cuotas, entiende que sólo con instalaciones de calidad puede darle pelea a OSDE. Una estrategia similar a la del tercero en la lista, Galeno, propiedad del magnate Julio Fraomeni, que se apalanca en las clínicas La Trinidad.
El Gobierno contaba con una ventaja para meter mano en la que alguna vez fue la Obra Social de Dirigentes de Empresa, nacida en los 70 de la mano de la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural. Como su nombre original lo indica, OSDE es una obra social, una entidad sin fines de lucro.
Es decir, está a tiro de una intervención, o al menos de algún tipo de monitoreo oficial más directo, sobre todo cuando goza de beneficios impositivos frente a sus competidores que son empresas pese a los que igual cobra las cuotas más altas, y también aumentó por arriba del promedio. Todo en un modelo de negocios que no incluye la propiedad de sanatorios propios.
La pregunta es por qué con alguien que conoce tanto la compañía líder del mercado como Oriolo, el Gobierno eligió dejar de ser libertario para apuntar a uno de sus principales retadores.
Sobre todo porque OSDE también es el principal disciplinador de los reclamos de las prestadoras, ya que canaliza un 60% de los afiliados que se atienden en los centros de salud privados más importantes del país, lo que se vio no bien se obligó a dar marcha atrás con los aumentos. OSDE inmediatamente retrajo las mejoras que le había dado a las clínicas. En Rosario hubo un caso testigo: el Grupo Oroño, principal grupo de clínicas de la ciudad, osó resistir y se retiró de la cartilla de la principal prepaga. Apenas aguantó quince días y debió volver.
Un universo de preguntas parecidas surgen alrededor de Mario Iván Lugones, una influencia sin cargo muy relevante detrás del ministro de Salud, Mario Russo. Es el presidente de la Fundación Güemes, el sello que rodea al Sanatorio Güemes, que además tiene su propia empresa de medicina prepaga, Hominis.
Si aplicó los mismos niveles de aumentos que las demás, ¿no deberían ir a preguntarle qué pasa realmente en el sector? Al mismo tiempo, hasta finales del año pasado participaba de las reuniones con el Gobierno reclamando aumentos como secretario de la Federación Argentina de Prestadores Médicos: ¿no tiene claro cómo funciona todo?
Mario es padre de Rodrigo Lugones, el socio de Santiago Caputo, asesor estratégico y funcionario clave en el armado de la comunicación e imagen del Gobierno. ¿Cuánto habrá influido para definir el tono del mensaje oficial sobre la medicina privada?
En paralelo al descontrol en torno a los precios que van y vienen de las prepagas, que llegaron a pasar de ser el 17 al 31% de un salario promedio, según la medición del Iaraf que conduce Nadín Argañaraz, en el club de los que se la llevan de arriba con saltos de precios están los laboratorios internacionales, especialmente los que proveen los medicamentos de alto costo.
Son especialidades medicinales ultracaras de por sí que atienden enfermedades raras y graves, cuya financiación impacta en los costos del sistema y entre otras consecuencias generan presión al alza en las cuotas de empresas de medicina privada. Pero el costo de las prepagas se discute en cadena nacional y lo que cobran los gigantes farmacéuticos, bien gracias.
La disparada de estas drogas en el último año no tiene ningún tipo de explicación o referencia lógica. Un laboratorio vale de muestra: Roche. Aumentó todos sus medicamentos exclusivos en promedio 470% entre enero de 2023 y enero de 2024.
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