La normativa 11/15 de la Unión Europea (UE), que exige la importación de una serie de productos agropecuarios de zonas libre de deforestación, tendría que entrar en vigencia en enero de 2026 y supondría un cambio significativo en la manera de comercialización de commodities agrícolas y de carnes.
En el caso particular de Argentina, los productos afectados serían la soja y la carne vacuna. Ambos productos, para poder ser vendidos a la UE, deben provenir de explotaciones libre de deforestación a partir del 2020. Para eso, se debe llevar adelante un arduo proceso burocráticos, que va desde la trazabilidad a la certificación, aumentando los costos productivos indefectiblemente.
En base a esto, la plataforma Incagro organizó hoy una charla donde referentes de la UE y representantes de exportadores y comercializadores argentinos discutieron sobre la factibilidad del proceso dispuesto por el bloque económico.
En primer término, la jefa de la sección Económica y Comercial de la Delegacion de la UE en Argentina, Viki Lövenberg, planteó los requisitos y las razones que justifican la normativa, al tiempo que sostuvo que desde el Viejo Continente son "conscientes de las preocupaciones y preguntas" de la cadena productiva de nuestro país.
"Venimos trabajando con productores y conociendo la realidad de elllos y pienso que es una oportunidad para la Argentina de ser un proveedor de productos más sostenibles", dijo Lövenberg y marcó que la medida "no es una prohibición".
Críticas a la normativa europea
Lo cierto es que si bien en el agro argentino entienden que la normativa, de no mediar inconvenientes, entrará en vigencia el año que viene, pretende que haya cambios, sobre todo en el artículo que trata la "segregación física" de los granos de soja. O sea, la norma pretende que se separe el poroto certificado del que no lo está en toda instancia, lo cual entienden en nuestro país que es imposible.
En este sentido se manifestó el presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, quien sostuvo que esta medida "no tiene justificación técnica".
"La decisión de hacerlo es tan ridícula como pretender que los bancos separen los billetes dependiendo de dónde vivan los depositantes. Han ignorado supinamente la mirada de los proveedores", afirmó Rivara.
En esta línea, remarcó que "es imprescindible modificar este artículo de la norma de la segregación física, porque es la piedra en el zapato que evita que puedan ingresar operadores a la normativa".
"Tratar de perseguir al poroto no sirve para nada. Lamentablemente, no hemos logrado que los funcionarios de Bruselas entiendan este concepto. A veces da la impresión que dictan una norma para quedar bien con la exigencia de la sociedad, pero no se preocupan de que la misma sea exitosa. Y para que sea así, necesitamos que sea simple y cumplible. Hay que escuchar a todos los integrantes de este sistema", completó.
"Es una realidad"
Pero más allá de las críticas, lo que entienden bien desde el agro es que la normativa se va a poner en marcha. Y así lo comprende el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, que además es el coordinador de la plataforma Visec, que sirve para certificar que los productos libres de deforestación.
"Es un reglamento que impacta en muchísimos países del mundo. Estamos en una etapa nueva luego de la extensión que se logro en forma conjunta y es la etapa de implementación. Desde Ciara-CEC alentamos a todos los actores de la cadena a unirse a la plataforma Visec", dijo Idígoras.
En este sentido, planteó que "el 1° de enero es pasado mañana. Falta muy poco. Todos los países del mundo se están preparando. No hay uno solo que no le esté haciendo. Es una realidad, donde todos tenemos que hacer el esfuerzo".
Pero por otro lado, Idígoras retomó las críticas a la segregación física, a la cual consideró como "difícil de implementar y que requiere mucho esfuerzo económico".
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