El Gobierno de Javier Milei oficializó una profunda reforma en la Policía Federal Argentina (PFA), con la intención de reorientar su accionar hacia la investigación de delitos complejos y dejar de lado las tareas de seguridad urbana, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, organismos de derechos humanos encendieron luces de alerta por el alcance de las nuevas facultades otorgadas a la fuerza, que incluyen detenciones sin orden judicial en determinadas circunstancias y acciones de vigilancia en el entorno digital.
El nuevo Estatuto, publicado por decreto, redefine la estructura operativa de la Policía Federal: se retira completamente de las funciones de seguridad ciudadana en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, un proceso que comenzó con la transferencia parcial de competencias a la Policía de la Ciudad en 2016, y se enfoca en delitos federales como el narcotráfico, el crimen organizado, el ciberdelito y el lavado de activos.
Desde el Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, señalaron que el objetivo es contar con “una fuerza ágil, inteligente y profesional”, en línea con estándares internacionales como los del FBI estadounidense. La iniciativa incluye una modernización orgánica, incorporación de tecnologías forenses, protocolos actualizados para la investigación criminal y capacitación de nuevos cuadros profesionales.
Pero no todo es celebración. Diversos especialistas y organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por algunos artículos del Estatuto (especialmente el Capítulo II del Título I) que, según denuncian, otorgan “amplísimas facultades discrecionales” a los efectivos.
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 6, inciso 7, que permite a los agentes demorar personas sin orden judicial si “existen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien ha cometido o podría cometer un delito y no acredita fehacientemente su identidad”. En esos casos, podrán ser llevadas a una comisaría por un plazo que no podrá superar las diez horas. Si bien se garantiza que se podrá contactar a un familiar o persona de confianza, la figura de “demora preventiva” genera inquietud por el posible uso arbitrario.
En paralelo, el inciso 11 faculta a los agentes a realizar tareas de prevención del delito “sin necesidad de autorización judicial” en espacios digitales abiertos como redes sociales o sitios web públicos. Aunque el texto aclara que deben respetarse derechos como la privacidad y la libertad de expresión, especialistas advierten sobre el riesgo de que estas prácticas deriven en espionaje encubierto o monitoreo indebido de ciudadanos.
El Estatuto de la Policía Federal también regula las requisas personales. Si bien se requiere orden judicial para realizarlas, se contempla la posibilidad de llevarlas a cabo sin ella en ciertos casos, como cuando se sospeche que una persona porta elementos vinculados a un delito, haya riesgo de desaparición de pruebas o la acción ocurra en espacios públicos.
La nueva normativa representa un giro importante en el papel que jugará la Policía Federal en el esquema de seguridad nacional. Mientras el Gobierno la presenta como un paso hacia una fuerza más moderna y eficiente, voces críticas advierten que la delgada línea entre prevención y violación de derechos podría cruzarse con mayor facilidad bajo este nuevo marco legal.
Las críticas del CELS a la reforma de la Policía Federal
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), criticó con dureza la reforma de la Policía Federal y denunció que permite "la criminalización de organizaciones, la represión de protestas y el patrullaje en redes sociales".
"La falta de claridad en muchas de las modificaciones abre ventanas para la criminalización de organizaciones sociales, la represión de las protestas, el ciberpatrullaje masivo de opositores y otras intervenciones sin control judicial. Esta transformación va en línea con las políticas de seguridad de Patricia Bullrich que, bajo una narrativa de modernización, entrega facultades discrecionales y controles débiles sobre la actuación de esa fuerza", aseguró el organismo a través de un comunicado.
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