Tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner, su abogado Gregorio Dalbón se refirió al procedimiento de la defensa que buscará revertir la situación judicial. Siendo la Corte Suprema de Justicia el tribunal de mayor rango en nuestro país, la única posibilidad de que se revea el fallo es que intervengan tribunales internacionales.
"La condena firme contra la Dra. Cristina Fernández de Kirchner no constituye el desenlace de un proceso justo: marca, en cambio, el punto más oscuro de una operación sistemática de hostigamiento político, judicial y mediático. Una maquinaria de poder —articulada desde los estratos más altos del poder económico, mediático y corporativo— utilizó al Poder Judicial como arma de disciplinamiento", comenzó un largo tuit el abogado.
Dalbón agregó que la condena "es el resultado de un proceso viciado, direccionado desde su origen para lograr un objetivo político: proscribir a la mujer que más veces ganó en las urnas desde la recuperación democrática". En este sentido, planteó que el Código Procesal Penal Federal "habilita la reapertura de una causa cuando un organismo internacional de derechos humanos confirme que se han vulnerado garantías fundamentales".
De hecho, Dalbón ayer se adelantó a la resolución de la Corte Suprema y realizó una presentación ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por “persecución política”. Lo hizo de manera preliminar, aún antes de que se conociera el fallo de la Corte Suprema porque "en los medios ya avisaron que iban a detener a Cristina, incluso antes de que llegara la notificación de la causa”. En este sentido, afirmó que "todavía no terminó el partido".
Sin embargo, con la sentencia ya definida, la defensa de Cristina Kirchner tiene seis meses más para presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según explicó Dalbón, las presentaciones estarán basadas en evidencias como "la violación del principio de juez natural, los tribunales parciales, la inversión ilegítima de la carga probatoria, los medios de comunicación operando en coordinación con sectores judiciales, la vulneración sistemática del debido proceso y el uso del sistema penal como herramienta de neutralización política (lawfare)".
"La Constitución Nacional —en su artículo 75 inciso 22— da jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Ningún tribunal argentino puede sostener una sentencia que viole garantías protegidas por la CADH. Más aún: todos los jueces de la República tienen el deber de aplicar lo que la Corte Interamericana ha definido como control de convencionalidad. Deben comparar las normas internas con los estándares internacionales. Y cuando exista contradicción, deben privilegiar los derechos humanos", afirmó.
En este sentido, dijo que este principio es vinculante: "Vamos a exigir su aplicación en cada tribunal, en cada recurso, en cada instancia. Porque no hay poder judicial que esté por encima del derecho internacional ni del mandato constitucional". Y agregó: "Lo que está en juego trasciende a una persona. Si se naturaliza que el poder puede usar a la justicia para disciplinar a quienes lo enfrentan, entonces ningún ciudadano ni ciudadana está a salvo".
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