El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, ya presentó ante la Justicia la propuesta de un lugar de detención para Cristina Kirchner, una vez que se ponga a disposición del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 por la condena en la causa Vialidad. La ubicación será provisoria, hasta que se habilite el arresto domiciliario en el domicilio fijado para cumplir la pena de seis años de prisión.
Por cuestiones de seguridad y protocolo, la información fue entregada al tribunal en un sobre cerrado y resguardada en una caja fuerte hasta este jueves, cuando finalmente fue notificada a las partes. La Casa Rosada evita revelar detalles para evitar filtraciones y sostiene que se respetarán los recaudos judiciales y el perfil institucional de Cristina Kirchner. "No queremos show ni fotos. Vamos a respetar el proceso", aseguran desde el oficialismo.
Desde el Ejecutivo descartan que Cristina Kirchner sea trasladada al Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza, como se especuló en algunos sectores. "La Justicia pide un ámbito acorde a la persona que tiene que estar detenida y vamos a cumplirlo", remarcan en el entorno presidencial.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad trabaja en un eventual operativo preventivo ante la posibilidad de movilizaciones opositoras si el fallo del máximo tribunal que revisa la condena desata protestas en la Ciudad de Buenos Aires. Según indican en Balcarce 50, el protocolo antipiquetes se aplicará si se producen concentraciones masivas.
En el plano político, la situación judicial de la expresidenta reconfiguró los planes de campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La baja de la candidatura de Cristina Kirchner alteró el esquema de polarización que se venía proyectando.
En paralelo, el oficialismo trabaja en nuevas alianzas con el PRO y sectores de la UCR bonaerense. La estrategia electoral buscará centrar el discurso en la "discusión de modelos" y en la posibilidad de "llevar el modelo de Milei a la Provincia", según afirman desde el Gobierno.
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