La Justicia declaró la inconstitucionalidad de la modificación del artículo 1 punto 5 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que establecida que los magistrados, funcionarios y empleados judiciales iban a ser alcanzados por el tributo cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir de 2017, inclusive.
Así lo determinó el juez Pablo Cayssials, quien dio lugar a la demanda que promovió el fiscal general adjunto, José Luis Agüero Iturbe. El fiscal explicó él asumió en su cargo en el 2018 y que en todo su proceso de designación, en ningún momento le hicieron firmar ningún documento que hiciera referencia a Ganancias.
Agüero Iturbe también mencionó que la intangibilidad de la remuneración de los magistrados (es decir, el hecho de que la remuneración no puede sufrir disminuciones) constituye una garantía de la independencia del Poder Judicial, por lo que se trata de un requisito indispensable del poder republicano.
Según el juez Cayssials la normativa va contra la jurisprudencia de la Corte Suprema que sostiene que el principio de igualdad veda la posibilidad de "imponer la misma contribución a quienes están en desigual situación".
El magistrado consideró que la modificación la Ley de Ganancias establecía una distinción "arbitraria" que está inspirada "en propósitos manifiestos de hostilidad", debido a que advierte que por identidad de tareas y responsabilidades se descuenta el impuesto a ciertos sujetos por una mera cuestión temporal, como es haber sido designado con posteridad a 2017.
De acuerdo con los argumentos de Cayssials, personas que integran el mismo cargo y poseen idénticas responsabilidades que el resto de los magistrados, verán sus ingresos reducidos por el simple hecho de haber asumido con posterioridad a la fecha indicada.
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