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Sociedad

Masacre de diciembre del 2001: detuvieron a Rubén Santos, jefe de la Policía Federal de Fernando De La Rúa

Con la decisión de la Corte, el caso cierra un capítulo más en la historia judicial de uno de los episodios más oscuros de la democracia argentina, que aún deja heridas abiertas.
Ruben Santos

Rubén Santos, el exjefe de la Policía Federal durante el gobierno de Fernando De La Rúa, se entregó esta mañana en Comodoro Py para cumplir su condena a 3 años y 6 meses de prisión. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia por su rol en la represión del 2001, que dejó un saldo trágico de muertos y heridos en Plaza de Mayo.

Santos, que se encontraba en España cuando el máximo tribunal rechazó su último recurso, volvió al país por orden judicial y se presentó ante el Tribunal Oral Federal 6. Ayer mismo, el TOF6 le había dado 72 horas para hacerlo, plazo que cumplió a tiempo y esta mañana se presentó en Comodoro Py 2002 para quedar detenido.

No fue el único. Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad de la Alianza, también se presentó la semana pasada para cumplir su condena. Mathov fue sentenciado a 4 años y 9 meses de prisión por su responsabilidad en las muertes de Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, así como por las heridas a otros 20 manifestantes en la fatídica jornada de diciembre de 2001. Mathov ya estuvo preso entre enero y julio de 2002, y ahora su defensa pidió arresto domiciliario debido a su edad.

Masacre 2001

Ambos condenados fueron llamados a presentarse tras la decisión de la Corte, que calificó de "inadmisibles" los recursos extraordinarios que habían presentado. El fallo original había sido dictado en 2016, pero fue apelado, revisado por Casación y reducido en su condena hasta que finalmente quedó firme.

Las condenas a Santos y Mathov se deben a los hechos ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001. En medio de la caída del gobierno de la Alianza, liderado por De la Rúa -quien dejó la Rosada en helicóptero tras dos años en el poder-, aquellos días estuvieron marcados por una crisis social que fue respondida con represión en el contexto de un Estado de sitio, resultando en 38 muertos, cientos de heridos y 4.000 detenidos en todo el país.

Con la decisión de la Corte, el caso cierra un capítulo más en la historia judicial de uno de los episodios más oscuros de la democracia argentina, que aún deja heridas abiertas en la memoria de muchos argentinos.

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