La justicia encontró faltantes de alimentos entre lo declarado y lo encontrado en los galpones de Tucumán y Villa Martelli. Según determinó la inspección encabezada por el juez Sebastián Casanello, existen diferencias sustanciales entre los remitos documentados y las existencias registradas en los lugares donde supuestamente debían estar.
Fuentes judiciales consultadas por el diario La Nación aseguran que, por ejemplo, se informó una entrega a Pinamar sin que exista un remito respaldando esa información y que, por otro lado, hay remitos de entregas que no corresponden a los lugares donde fueron entregados.
Por ello, el juzgado dio un plazo de 72 horas, la semana pasada, al Ministerio de Capital Humano los expedientes relacionados con la compra de los alimentos para poder realizar la trazabilidad en el almacenamiento y distribución. Tras vencerse el plazo sin respuesta, el juzgado insistió en la solicitud.
Según lo informado por la División de Investigación contra la Corrupción de la Policía Federal, en los galpones solo había 18.640 unidades de leche en polvo en un kilo cuando lo informado eran 30.240. Esto es, un faltante de 11.600 kilos.
Esto en medio de la pulseada entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que reclama que la logística de los alimentos es materia puramente del ministerio. En esta puja, la asesora legal de la ministra Pettovello, Leila Gianni, aseguró que el Gobierno no permitiría “ni que fiscales ni que jueces militantes nos digan cómo diseñar y ejecutar una política pública”.
Sus declaraciones fueron refrendadas por el mismo Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien cuestionó la idoneidad del juez: “Me sorprendió una disposición sobre bienes por parte de un juez penal, en general esas disposiciones las toman los tribunales civiles”, dijo.
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