El sector yerbatero vive un momento delicado, sobre todo los productores, que hace meses mantienen un conflicto con la industria por los bajos precios que pagan por la materia prima.
Pero todo este problema tiene su origen en una decisión en la más alta esfera del Poder Ejecutivo Nacional, llegando incluso hasta el Presidente de la Nación, Javier Milei.
Hagamos un pequeño repaso para poder entender cómo escaló esta situación. El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) es un organismo nacional que tiene como objetivo regular dicho sector. Una de sus funciones es establecer un precio de referencia de manera semestral para la hoja verde, esto es, la producción que los yerbateros le venden a la industria.
Pero esa acción esencial hace meses que no se lleva a cabo debido a que el Poder Ejecutivo no designó un presidente para el INYM, haciendo que el organismo quede acéfalo y prácticamente no pueda funcionar. Tampoco la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, de quien depende el instituto, laudó para establecer un precio, como tendría que haberlo hecho.
Es por eso que productores yerbateros de la zona centro -Hugo Aníbal Sand, Iván Ener Sand, Jorge Skripczuk, Salvador Torres y Leonardo Gerber- decidieron denunciar a Milei por no cumplir con "con su obligación de designar un representante quien oficia conforme lo determina la reglamentación, como presidente del instituto”.
La determinación de la Justicia respecto a Milei
La denuncia recayó en el Juzgado Federal de Oberá, quien se declaró incompetente derivando el caso al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal, más conocido como Comodoro Py, el cual también lo rechazó.
Pero fue hasta ayer que la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas decidió que el caso debe ser tomado por Comodoro Py, ya que entiende que si bien las consecuencias del supuesto delito se manifiestan en Misiones y Corrientes, donde se encuentra la producción yerbatera, el "extremo del asentamiento funcional del ejercicio de la función pública del denunciado resulta determinante". Dicho de otra manera: Milei trabaja en Buenos Aires, por lo que la investigación debe ser llevada a cabo allí.
Así, como indicó el medio misionero El Territorio, "con esta decisión, la causa penal contra Javier Milei por los delitos de abuso de autoridad (artículo 248) y omisión de deberes de funcionario público (artículo 249 del Código Penal) continuará su curso en los tribunales federales de Comodoro Py. Resta ahora que el Juzgado Federal 2 defina si da impulso formal a la investigación y convoca al Presidente a responder por las acusaciones".
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