La Justicia Federal dispuso la prisión preventiva por 90 días de Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quien en las próximas horas será trasladado a la unidad penitenciaria federal de Rawson. La medida fue resuelta durante la audiencia de formalización de cargos que se realizó de manera virtual, donde además se estableció un plazo de 180 días para llevar adelante la investigación.
Jones Huala fue imputado por los fiscales Ángela Pagano Mata y Fernando Arrigo por apología del crimen, asociación ilícita agravada e intimidación pública. Su detención se produjo el domingo por la noche en El Bolsón, cuando efectivos de la Policía Federal lo interceptaron al descender de un colectivo procedente de Bariloche.
Tras la captura, la fiscalía solicitó al juez subrogante de Bariloche, Ezequiel Andreani, una orden de detención, aunque la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció el arresto a través de sus redes antes de la autorización judicial. La defensa sostiene que se trató de un procedimiento irregular, ya que fue privado de su libertad sin contar con una orden al momento del operativo.
Los cargos que enfrenta Jones Huala surgen de sus declaraciones públicas durante la presentación de su libro Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria, en febrero pasado. En ese contexto, defendió los atentados incendiarios y los sabotajes como métodos de lucha contra "el sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes", y validó el uso de "cualquier método" para defender sus ideales.
A raíz de esas manifestaciones, el Ministerio de Seguridad y el gobierno de Chubut presentaron una denuncia en su contra, acusando a Jones Huala de incitación a la violencia colectiva, intimidación pública, apología del crimen y asociación criminal. El juez Andreani resolvió avanzar con la investigación por posibles violaciones al artículo 213 bis del Código Penal, que prevé penas de 3 a 8 años de prisión por integrar organizaciones que promuevan el uso de la fuerza o el temor.
Además, la fiscalía pidió que se lo investigue por otros delitos más graves, como asociación ilícita (artículo 210) y pertenencia a una organización criminal que atente contra el orden constitucional (artículo 210 bis), delitos que contemplan penas de hasta 20 años de prisión.
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